Avanza investigación por fondos de descentralización en Chiriquí: varios representantes y tesoreros bajo medidas cautelares

La Fiscalía Anticorrupción continúa avanzando en las investigaciones relacionadas con el presunto mal manejo de fondos de descentralización en la provincia de Chiriquí, proceso que ha llevado ante jueces de control de garantías a al menos seis representantes de corregimientos —algunos aún en funciones y otros que ya concluyeron sus mandatos—, así como a cuatro tesoreros de juntas comunales.

Las diligencias se desarrollan luego de que la Contraloría General de la República emitiera informes que evidencian presuntas irregularidades en el uso de estos recursos públicos. Entre 2021 y 2024, se estima que se transfirieron más de 320 millones de dólares a través de este esquema paralelo, supuestamente destinado a financiar proyectos de infraestructura, salud y educación en comunidades del país.

Este jueves, se realizaron múltiples audiencias de control de garantías en distintos puntos de la provincia y la comarca Ngäbe Buglé:

• En Ñurún, comarca Ngäbe Buglé, un juez ordenó la detención preventiva del representante del corregimiento. La defensa apeló la decisión.

• En Solano, el representante fue sancionado con arresto domiciliario y se le prohibió acercarse a las juntas locales. Su defensa también apeló.

• En Dolega cabecera, la representante del distrito solicitó una modificación de medidas cautelares; sin embargo, el tribunal ratificó su detención en un centro penitenciario. En el mismo proceso, a la tesorera de la Junta Comunal se le mantuvo el arresto domiciliario.

• En Volcán, otro representante enfrentó audiencia que concluyó con arresto domiciliario.

• En Barú, el exrepresentante del corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado —que ejerció en el periodo anterior— fue sancionado también con arresto domiciliario.

Las autoridades continúan recopilando elementos probatorios dentro del expediente, mientras se mantienen las investigaciones para esclarecer el alcance de las posibles responsabilidades penales y administrativas por el presunto uso indebido de fondos públicos.