Condenan a 12 años de prisión a abogada por despojar a siete adultos mayores de finca en Bugaba
- retenchiriqui
- 22 may
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La justicia panameña condenó a una abogada de 37 años a 12 años de prisión tras ser hallada culpable por los delitos de estafa agravada y falsedad documental, en perjuicio de siete hermanos adultos mayores, dos de ellos fallecidos, a quienes presuntamente engañó para apropiarse de una finca de aproximadamente tres hectáreas ubicada en la comunidad de Bongo, distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.
La decisión fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral de Chiriquí, integrado por los jueces Basilio Guerra, Alvinis Almengor y Aneth Duarte, mediante la sentencia N.° 73 del 21 de mayo de 2026.
De acuerdo con el fallo, el tribunal impuso siete años de prisión por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa agravada y otros cinco años por delitos contra la fe pública relacionados con falsificación material e ideológica de documentos.
Además de la pena principal, los jueces ordenaron como sanción accesoria la inhabilitación para ejercer la profesión de abogada por un período de cinco años una vez cumplida la condena, así como la restitución de la propiedad a sus legítimos dueños.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por los fiscales Ladys Palacios y Luis Alberto Calvo, sustentó la acusación mediante un amplio caudal probatorio compuesto por 57 elementos, entre ellos testimonios, peritajes técnicos, pruebas documentales y evidencias materiales.
Según la investigación judicial, los hechos ocurrieron en el año 2019, cuando la hoy condenada habría utilizado mecanismos fraudulentos y documentación alterada para obtener el control de la finca perteneciente a los siete hermanos, todos personas de la tercera edad.
El tribunal concluyó de manera unánime que las pruebas presentadas acreditaban tanto la conducta delictiva como la responsabilidad penal de la acusada, poniendo fin a un proceso judicial que se extendió por varios años.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores jurídicos y ciudadanos, debido a la vulnerabilidad de las víctimas y a la gravedad de los hechos investigados, especialmente por involucrar a adultos mayores en una presunta maniobra fraudulenta relacionada con bienes patrimoniales.
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