Juez ordena retorno a prisión de exrepresentante de Dolega investigada por presunto peculado

El juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Chiriquí, Gaspar Marcucci, ordenó el reingreso al Centro de Rehabilitación Femenino de Los Algarrobos de la exrepresentante de la Junta Comunal de Dolega cabecera, una vez sea dada de alta médicamente del Hospital Regional Rafael Hernández, donde permanece hospitalizada desde el pasado 1 de febrero de 2026.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el miércoles 4 de febrero, en la que el juzgador rechazó la solicitud de retención domiciliaria presentada por la defensa técnica de la imputada, al considerar que no se acreditó, mediante documentación médica científica, una condición de salud que justificara la modificación de la medida de detención preventiva.

El juez Marcucci sostuvo que no se han producido variaciones sustanciales en la situación jurídica de la imputada, manteniéndose vigentes los elementos de vinculación al proceso penal y los riesgos procesales previamente valorados por el tribunal.

Durante la diligencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal anticorrupción Alia Suleimán, quien participó de forma virtual, mientras que la defensa particular de la exrepresentante estuvo a cargo de la abogada Liseth Berrocal. Al concluir la audiencia, la defensa anunció la interposición de un recurso de apelación, el cual fue programado para el próximo 9 de febrero de 2026, a las 2:15 de la tarde, en la sala 1 del Órgano Judicial.

En el mismo acto judicial, el juez accedió a una solicitud distinta relacionada con la extesorera de la Junta Comunal de Dolega, autorizando un cambio de residencia para el cumplimiento de su medida cautelar de retención domiciliaria. La petición fue presentada por el defensor particular Félix Troya y permitió que la medida se ejecute en una residencia ubicada en el distrito de Boquete.

Según el juzgador, el traslado fue aprobado por razones humanitarias y al considerar que no compromete los objetivos del proceso penal ni representa un riesgo para la investigación.

Las investigaciones que dieron origen a ambos procesos se iniciaron tras un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se detectó el presunto uso irregular de fondos públicos correspondientes al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), asignados durante el período 2021–2024.