Juzgado recupera más de $54 mil en pensiones alimenticias atrasadas en Chiriquí

Más del 60 % de la morosidad reclamada ha sido recuperada mediante acciones judiciales

El Juzgado de Ejecución de Pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia de la provincia de Chiriquí logró recuperar un total de 54 mil 900 dólares correspondientes a obligaciones alimentarias incumplidas, como resultado de las acciones desarrolladas desde noviembre de 2025 hasta la fecha.

La cifra representa un avance significativo en los esfuerzos por garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes que dependen de estos aportes para su bienestar y desarrollo integral.

El juez encargado del despacho, Mario Caballero, explicó que el monto recuperado equivale al 64 % de las sumas reclamadas por morosidad, reflejando la efectividad de los mecanismos judiciales aplicados para hacer cumplir las obligaciones establecidas por ley.

De acuerdo con los registros oficiales, durante este período ingresaron 669 procesos, mientras que se resolvieron 699 expedientes, incluyendo casos que permanecían pendientes de años anteriores.

Entre las actuaciones desarrolladas por el tribunal destacan procesos relacionados con desacatos, cálculos de morosidad, rendiciones de cuentas, exhortos y otras diligencias orientadas a garantizar el pago oportuno de las pensiones alimenticias.

Caballero destacó que la misión principal del juzgado es proteger los derechos de la niñez y adolescencia, asegurando respuestas efectivas que permitan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

“El Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia de Niñez y Adolescencia de la provincia de Chiriquí se ha comprometido con mucha dedicación a trabajar en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes, para lograr respuestas efectivas y positivas que redunden en su bienestar y desarrollo integral”, señaló el funcionario.

Este tribunal especializado inició operaciones el 20 de septiembre de 2024 en las instalaciones del antiguo Palacio de Justicia de David, como parte de las estrategias impulsadas por el Órgano Judicial para fortalecer la protección de los derechos de la niñez y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas en la legislación panameña.

Las autoridades reiteraron que el pago oportuno de las pensiones alimenticias constituye una responsabilidad legal y moral fundamental para asegurar el acceso de los menores a alimentación, salud, educación y condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo.