Genaro López queda detenido por estafa agravada, blanqueo de capitales y otros dos delitos

Tras una extensa audiencia de más de siete horas celebrada este sábado, el juez de garantías, Francisco Carpintero, ordenó la detención provisional del dirigente sindical y miembro de la junta directiva del Suntracs, Genaro López, quien fue imputado por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos.

La Fiscalía, representada por la fiscal Isis Soto Espinosa, presentó pruebas documentales y testimoniales que, según explicó, evidencian una supuesta estructura financiera fraudulenta destinada a desviar fondos que correspondían a 412 trabajadores de la extinta empresa Pilar Construction, a quienes una sentencia judicial de 2011 reconoció el pago de $7.04 millones por prestaciones laborales. Sin embargo, en marzo de 2022, se pactó un acuerdo extrajudicial por solo $3 millones, monto entregado en efectivo y 14 fincas, perjudicando directamente a los beneficiarios.

Según la Fiscalía, los fondos habrían sido triangulados entre el sindicato y la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., en una operación simulada mediante un préstamo ficticio, que permitió la apropiación de los recursos sin cumplir la sentencia judicial.

Soto detalló que la cooperativa recibió el dinero a pesar de no contar con productos financieros activos, y que posteriormente emitió un cheque al mismo Suntracs, “para pagarle a los trabajadores muy por debajo de lo que les correspondía”.

Durante la investigación también se detectaron supuestas irregularidades, como uso indebido de instrumentos financieros, falsedad documental y asambleas manipuladas. Se presentaron 104 entrevistas a trabajadores del proyecto Red Frog, en las que se denuncian métodos intimidatorios para aprobar el acuerdo y la presencia de personas ajenas al grupo beneficiario.

Un total de 107 extrabajadores han sido formalizados como querellantes. Su abogado, Abel Fernández, denunció falta de transparencia en la asamblea general que avaló el acuerdo, y aseguró que la hipoteca de fincas no fue autorizada por cada trabajador afectado, como exige la ley.

Defensa rechaza la detención

Los abogados de López, entre ellos César Ruiloba, alegaron que la detención es “inconstitucional e innecesaria”, pues aseguran que el dirigente compareció voluntariamente ante las autoridades el pasado 22 de mayo. Cuestionaron la falta de pruebas que vinculen directamente a López con los delitos imputados, y pidieron medidas cautelares menos severas, como la prohibición de salida del país y el arresto domiciliario, considerando que el imputado tiene 70 años y padece hipertensión arterial.

Ruiloba insistió en que no se han presentado pruebas claras sobre falsedad de documentos ni sobre el nexo causal entre López y los delitos señalados. También señalaron que la Fiscalía no precisó la participación exacta del imputado en los hechos investigados.

Genaro López: "Esto es persecución"

Durante su intervención final, Genaro López expresó que el proceso judicial en su contra forma parte de una "persecución política" para acallar la lucha del sindicato. La audiencia concluyó con la legalización de su aprehensión y la imputación formal de cargos, dándose al Ministerio Público seis meses para sustentar el caso.

La audiencia de apelación fue fijada para el 5 de junio de 2025. El proceso también involucra a otros dirigentes sindicales como Saúl Méndez, actualmente en la embajada de Bolivia a la espera de asilo político, y Erasmo Cerrud, contra quien pesa una orden de captura.