Ataque armado contra una enfermera en Atalaya reabre debate sobre medidas cautelares y violencia de género

Atalaya, Veraguas |Un grave hecho de violencia registrado en el sector de El Ciruelito, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, mantiene en alerta a la comunidad y ha reavivado el debate nacional sobre la violencia de género y el seguimiento a personas bajo medidas cautelares.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, una joven enfermera identificada como Melixa Pinto, de 29 años, resultó gravemente herida tras un ataque con arma de fuego presuntamente perpetrado por su expareja sentimental. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde permanece bajo atención médica especializada.

El presunto agresor, Mercin Caez, de 19 años, se dio a la fuga tras el ataque y posteriormente fue hallado sin vida en un área rural entre Atalaya y Ponuga. El caso es investigado por el Ministerio Público, que mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos.

Las autoridades confirmaron que el joven estaba vinculado a una investigación penal por un homicidio ocurrido en agosto de 2025 en la comunidad de Garnaderita, donde un menor de 17 años perdió la vida tras salir de un evento social. Por ese caso, el sospechoso mantenía una medida cautelar, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación de riesgo y control judicial.

Trascendió que la víctima y el presunto agresor habían sostenido una relación sentimental que terminó aproximadamente un año atrás, sin que existiera, según versiones preliminares, contacto reciente entre ambos.

Este caso se suma a una preocupante estadística nacional. Datos del Ministerio Público indican que entre enero y noviembre de 2025 se reportaron 16 intentos de femicidio en Panamá, reflejando la persistencia de una problemática estructural que afecta principalmente a mujeres jóvenes.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de forma temprana cualquier señal de violencia, así como a fortalecer los sistemas de protección y acompañamiento a víctimas, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y eventuales fallas institucionales.