Autoridades rescatan monos aulladores que iban a ser vendidos ilegalmente en Bocas del Toro

El tráfico ilegal de fauna silvestre volvió a quedar en evidencia en la provincia de Bocas del Toro, luego de que autoridades del Ministerio de Ambiente lograran rescatar dos monos aulladores que presuntamente serían vendidos de forma ilegal.

El operativo se realizó en los distritos de Chiriquí Grande y Almirante, donde se detectó la comercialización de estos animales, considerados una especie protegida y en peligro de extinción.

El director encargado de MiAmbiente en la región, Porfirio Molina, explicó que se trata del segundo caso registrado en la provincia en menos de una semana, lo que refleja la persistencia de esta práctica ilegal que amenaza la biodiversidad del país.

Según detalló el funcionario, el procedimiento de rescate se realiza bajo un protocolo establecido por la institución. En uno de los casos, un transportista adquirió el animal y posteriormente lo entregó al Ministerio de Ambiente para que fuera atendido por las autoridades competentes.

Una vez bajo custodia institucional, los ejemplares son evaluados por un veterinario de la regional para determinar su estado de salud y las condiciones en las que fueron mantenidos. Posteriormente, los animales son trasladados hacia centros especializados para su recuperación.

Molina indicó que los monos rescatados pueden ser enviados por vía aérea o terrestre hacia instalaciones ubicadas en Panamá o Santiago, donde MiAmbiente cuenta con clínicas especializadas para la atención de esta especie.

Las autoridades confirmaron además que ya se inició una investigación contra la persona señalada de comercializar a los animales.

El Ministerio de Ambiente reiteró que el tráfico y la venta ilegal de especies silvestres constituye un delito que afecta directamente los ecosistemas y pone en riesgo la supervivencia de animales nativos del país.

Ante esta situación, MiAmbiente hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con la captura, venta o traslado de fauna silvestre.

La institución recordó que la participación de la población es clave para frenar este tipo de delitos ambientales y contribuir a la protección de la biodiversidad panameña.