Caso David Cabecera: tesorero se entrega a la DIJ mientras avanza investigación por presunto peculado

El proceso judicial por un presunto caso de peculado en la Junta Comunal de David Cabecera sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que Giovani Estrada, tesorero de dicha junta comunal, se presentara voluntariamente ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Estrada mantenía vigente una orden de captura emitida por el Ministerio Público, como parte de una investigación por el supuesto delito de peculado en perjuicio del Estado. De acuerdo con información oficial, el funcionario se presentó acompañado de sus abogados y quedó a disposición de las autoridades, a la espera de ser llevado ante un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

El caso guarda relación con la investigación conocida como “descentralización paralela”, que examina el manejo de fondos públicos entre los años 2019 y 2024 en la Junta Comunal de David Cabecera. Según las pesquisas preliminares de la Fiscalía Anticorrupción, se investiga una presunta lesión patrimonial al Estado que superaría los 4.4 millones de dólares.

En este mismo proceso judicial figura el representante del corregimiento de David Cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien actualmente se mantiene bajo la medida cautelar de detención provisional por el presunto delito de peculado agravado. Montenegro fue aprehendido de manera voluntaria el pasado 23 de diciembre, luego de conocer que existía una orden en su contra.

Durante la noche del jueves, Montenegro fue trasladado desde el Centro Penitenciario de Chiriquí hacia el Hospital Regional Rafael Hernández, tras presentar complicaciones de salud, bajo custodia de las autoridades correspondientes.

El Ministerio Público informó que la investigación continúa en fase activa, mientras se recopilan elementos probatorios y se determinan las posibles responsabilidades penales dentro de este proceso, que mantiene la atención pública por el volumen de fondos involucrados y su impacto en la administración de recursos comunitarios.

Las autoridades reiteraron que el caso se desarrolla conforme al debido proceso, respetando las garantías legales de las personas involucradas.