Caso Iris De Arco: 13 imputados tras millonarias transacciones luego del robo de su celular

Once de los investigados alcanzaron un acuerdo de mediación, mientras dos permanecieron aprehendidos a la espera de que se definan sus medidas cautelares. La investigación apunta a unas 160 operaciones bancarias no autorizadas y un perjuicio estimado en $261 mil.

El robo de un teléfono celular durante los Carnavales de Las Tablas terminó convirtiéndose en una compleja investigación por presunto delito financiero, luego de que desde las cuentas bancarias de la expresentadora de televisión Iris De Arco se realizaran numerosas operaciones que ella asegura no haber autorizado.

Este martes 18 de agosto, 13 personas —nueve hombres y cuatro mujeres— fueron imputadas durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, en Ciudad de Panamá. La aprehensión de los investigados fue legalizada y la Fiscalía formuló cargos por la presunta comisión de delito contra el orden económico, en la modalidad de delito financiero.

Once imputados alcanzan acuerdo de mediación

Al concluir una parte de la diligencia judicial, 11 de los 13 imputados recuperaron su libertad tras alcanzarse un acuerdo de mediación entre sus defensas y la representación legal de De Arco.

El proceso de mediación tiene como fecha de seguimiento el 31 de agosto, mientras que los otros dos investigados permanecieron aprehendidos y deberán enfrentar la continuación de la audiencia para la definición de las medidas cautelares correspondientes.

El acuerdo de mediación no debe interpretarse como que la totalidad del dinero ya fue recuperada. Alfredo Vallarino, abogado de De Arco, señaló tras la audiencia que los fondos sustraídos todavía no habían sido recuperados en su totalidad.

Todo comenzó con un celular robado en Carnaval

La investigación se remonta a febrero de 2026, cuando De Arco fue víctima del hurto de su teléfono celular durante las festividades de Carnaval en Las Tablas.

Después de la desaparición del dispositivo comenzaron a registrarse movimientos bancarios que, según la investigación, no habían sido autorizados por la propietaria de las cuentas.

La Fiscalía expuso que algunas de las cuentas receptoras presentaban previamente poco o ningún movimiento y posteriormente comenzaron a recibir transferencias por miles de dólares.

Unas 160 operaciones bajo investigación

Uno de los elementos de mayor relevancia del expediente es la cantidad de operaciones detectadas. Los reportes coinciden en alrededor de 160 transacciones relacionadas con el movimiento de los fondos.

El perjuicio investigado se sitúa en torno a los $261 mil, según la información presentada durante la audiencia y divulgada por distintos medios nacionales. Parte del dinero habría sido retirada posteriormente mediante cajeros automáticos, mientras otras sumas fueron transferidas a terceros o utilizadas para realizar pagos de servicios.

Las autoridades deberán determinar ahora cómo se consiguió acceso a la información financiera, cuál habría sido el grado de participación de cada imputado y si existió una estructura coordinada para recibir, transferir o retirar los fondos.

Defensa pide profundizar investigación

Vallarino planteó públicamente interrogantes sobre la rapidez y el volumen de las operaciones realizadas después del robo del teléfono y sostuvo que la investigación debe establecer cómo fue posible acceder y movilizar una cantidad tan elevada de dinero.

Las afirmaciones del abogado sobre una eventual participación de otras personas forman parte de sus cuestionamientos y no constituyen, hasta el momento, una determinación judicial.

El proceso continúa abierto y las responsabilidades individuales deberán ser establecidas por las autoridades judiciales conforme avance la investigación.