Crisis en Pedregal: Pescadores denuncian "asfixia económica" ante multas que superan los 90 mil dólares

El sector pesquero del corregimiento de Pedregal, en el distrito de David, se encuentra en estado de alerta tras una serie de sanciones económicas impuestas por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), las cuales califican como "impagables" y desproporcionadas. Durante una manifestación pacífica que bloqueó el acceso a la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP), los trabajadores del mar denunciaron lo que consideran una "persecución ambiental" que pone en riesgo el sustento de cientos de familias chiricanas.

Según los manifestantes, las multas notificadas alcanzan cifras alarmantes de hasta 92 mil, 72 mil y 18 mil dólares, con plazos de pago perentorios de apenas 30 días. La raíz del conflicto reside en presuntas infracciones por el ingreso de embarcaciones a la zona protegida de la cordillera Coiba. Sin embargo, los capitanes sostienen que no hubo actividad de pesca ilegal y que el daño ambiental atribuido carece de sustento técnico en la práctica.

Defensa legal y recursos en curso Los voceros del sector enfatizaron que actualmente existen 21 casos bajo investigación. Aclararon que muchas de las personas notificadas ya han interpuesto recursos de reconsideración, por lo que los procesos administrativos no han sido agotados. "Estamos ante una política de conservación que ignora la realidad operativa de la pesca regulada", señalaron los afectados, quienes lamentaron además la pérdida de valor comercial de sus productos debido a los tiempos de retención y degradación de la carga.

Respuesta oficial Por su parte, el Ministerio de Ambiente indicó que estos expedientes forman parte de investigaciones que se han desarrollado durante varios años. La entidad confirmó que los pescadores están colaborando con las diligencias y que todos los recursos legales presentados serán procesados en la Ciudad de Panamá, conforme a los tiempos administrativos correspondientes.

El sector pesquero de Chiriquí permanece a la espera de una mediación que permita ajustar las sanciones a la realidad del mercado local y garantice la continuidad de una actividad vital para la economía de la provincia.