Demandas contra CIAM y Adopta Bosque abren debate sobre libertad de expresión, responsabilidad y Estado de derecho en Panamá

En medio del proceso judicial que involucra querellas penales y una demanda civil contra las organizaciones CIAM y Adopta Bosque, el debate público ha escalado más allá del ámbito ambiental para situarse en un terreno más amplio: los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad en el discurso público y el funcionamiento del Estado de derecho en Panamá.

El caso ha generado medidas cautelares como el secuestro temporal de cuentas y bienes, decisión adoptada dentro del marco procesal vigente al momento de la interposición de la demanda. Estas medidas no constituyen una sentencia definitiva ni una declaración de culpabilidad, sino herramientas legales contempladas en la normativa para garantizar el resultado de un proceso judicial mientras se resuelve el fondo del litigio.

CIAM y Adopta Bosque han mantenido durante años una postura activa frente a proyectos de desarrollo y Estudios de Impacto Ambiental (EIA), cuestionando procedimientos técnicos y decisiones administrativas. La defensa del ambiente y el derecho a denunciar forman parte del ejercicio democrático y están protegidos por la Constitución. Sin embargo, especialistas en derecho recuerdan que el ejercicio de la libertad de expresión conlleva responsabilidades jurídicas cuando se realizan señalamientos que puedan afectar reputaciones, actividades profesionales o instituciones.

El debate también toca un punto sensible: la credibilidad de los Estudios de Impacto Ambiental y el trabajo de profesionales —biólogos, ingenieros, consultores ambientales— que elaboran estos informes, así como la función reguladora del Ministerio de Ambiente. Para algunos sectores, las críticas deben sustentarse en evidencia técnica; para otros, la fiscalización ciudadana es esencial para evitar abusos o irregularidades.

Juristas consultados señalan que en un Estado de derecho todas las partes tienen garantías: quienes denuncian y quienes son denunciados. Si se considera que existen daños civiles o afectaciones reputacionales, el camino institucional es el tribunal, donde deben presentarse pruebas, argumentos y peritajes, no juicios paralelos en redes sociales.

El proceso judicial continuará su curso conforme a la legislación aplicable. Mientras tanto, el caso pone sobre la mesa un debate de fondo: cómo equilibrar la defensa ambiental, la crítica pública, la reputación profesional y el respeto a las reglas procesales.

En democracia, los derechos coexisten con responsabilidades. Y en el sistema judicial, las decisiones finales se construyen con pruebas, no con percepciones.