Dos aprehendidos por 40 racimos de guineo en Barú reabren debate sobre si la justicia castiga a todos por igual
- retenchiriqui
- hace 2 horas
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SENAFRONT informó que dos hombres fueron aprehendidos tras ser ubicados con 40 racimos de guineo y una estructura presuntamente sustraídos de una compañía bananera. El caso abre nuevamente una pregunta recurrente entre ciudadanos: ¿la justicia panameña actúa con la misma contundencia frente a todos los delitos?
BARÚ, CHIRIQUÍ. Dos hombres fueron aprehendidos durante una operación desarrollada por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), luego de ser ubicados en un vehículo que transportaba 40 racimos de guineo y una torre de soporte, elementos presuntamente sustraídos de una empresa dedicada a la producción bananera en el distrito de Barú.
El procedimiento se desarrolló bajo el Plan Firmeza, después de que personal de seguridad de la compañía alertara sobre movimientos inusuales de un vehículo en las inmediaciones de las plantaciones.
Unidades del Batallón Coronel Tomás Armuelles se movilizaron hacia un sector próximo al río Palo Blanco, entre Finca Blanco y Finca Corredor, donde localizaron el automóvil y procedieron con la aprehensión de los dos ciudadanos.
Los involucrados fueron trasladados a la base de SENAFRONT en Finca Blanco y posteriormente el caso quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Hasta este punto, se trata de un procedimiento policial y judicial que debe desarrollarse conforme establece la legislación panameña, respetando además la presunción de inocencia de los aprehendidos mientras no exista una sentencia.
Una ley que contempla hasta ocho años de prisión
El caso adquiere una dimensión particular por las sanciones contempladas en la legislación panameña.
El artículo 217-A vigente del Código Penal establece una pena de seis a ocho años de prisión para quien se apodere de productos agropecuarios o hidrobiológicos, motores fuera de borda o determinados bienes vinculados a actividades agrarias o pesqueras que se encuentren en su sitio natural de producción, cuando su valor sea superior a B/.250.
La disposición fue modificada mediante la Ley 487 del 9 de octubre de 2025, publicada en Gaceta Oficial el 10 de octubre de ese año.
La protección penal de los productores tiene una justificación evidente: el hurto agrícola puede representar pérdidas significativas, especialmente para pequeños y medianos productores cuyo sustento depende directamente de sus cosechas.
Sin embargo, episodios como este también vuelven a colocar sobre la mesa un debate mucho más amplio sobre la percepción ciudadana de la justicia en Panamá.
¿La justicia funciona igual para todos?
La noticia de dos personas aprehendidas por el presunto hurto de 40 racimos de guineo puede provocar una comparación inevitable entre algunos ciudadanos:
¿Por qué la justicia parece rápida y contundente frente a determinados delitos, mientras que investigaciones relacionadas con grandes sumas de dinero público, corrupción o delitos económicos pueden prolongarse durante años?
La comparación no significa que hurtar productos agrícolas deba quedar sin consecuencias. Robar sigue siendo un delito independientemente del valor o de quién sea la víctima.
La discusión está en otro punto: que la ciudadanía espera que esa misma capacidad de investigación, persecución y aplicación de la ley alcance por igual al pequeño infractor y a quienes eventualmente sean investigados por delitos que ocasionen perjuicios millonarios al Estado o a la sociedad.
No se trata de pedir menos justicia para quien presuntamente hurta 40 racimos de guineo.
Se trata de exigir la misma justicia para todos.
El proceso continúa
El Ministerio Público deberá establecer las circunstancias del caso y determinar el valor de los bienes presuntamente sustraídos, un elemento especialmente relevante para determinar qué disposiciones penales resultan aplicables.
Los dos aprehendidos deberán ser presentados ante un juez de garantías, quien deberá resolver las solicitudes correspondientes conforme a los elementos aportados por la Fiscalía.
Mientras tanto, el episodio deja una pregunta abierta que seguramente generará discusión:
¿Considera usted que la justicia panameña actúa con la misma firmeza frente a los delitos pequeños y frente a los grandes delitos económicos?
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