“El monstruo que no se ve”: cifras alarmantes revelan la magnitud del abuso infantil en Panamá

“No todos los monstruos gritan o tienen aspecto aterrador.” Así inicia el documental “Ya no más”, producido por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que pone al descubierto una de las realidades más duras y silenciadas del país: el abuso sexual infantil.

Según datos del Ministerio Público, entre enero y septiembre de 2025 se han registrado más de 21,500 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá. Entre los casos más comunes se encuentran violación, corrupción de menores y explotación sexual, pero se estima que el subregistro podría ser aún mayor.

Lo más estremecedor es que el 92% de las víctimas son mujeres, principalmente niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años. La mayoría de los agresores son personas cercanas a las víctimas —familiares, vecinos, maestros o figuras de autoridad—, lo que dificulta la denuncia y aumenta el trauma emocional.

Janeth Rovetto, fiscal superior de delitos sexuales, explica en el documental que “siempre el agresor es una persona de confianza del niño”, destacando la necesidad de romper el silencio y fomentar la prevención desde los hogares y centros educativos.

El impacto de este flagelo se extiende a nivel mundial. UNICEF estima que más de 370 millones de mujeres y niñas han sufrido abuso o violación durante su infancia, lo que convierte este problema en una crisis global de derechos humanos.

En Panamá, las provincias con más casos reportados son Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste y Bocas del Toro, con un repunte preocupante en las comarcas indígenas.

Ante este panorama, el Estado ha impulsado medidas para reforzar la protección infantil. La Ley 474 del 24 de junio de 2025 endurece las penas por delitos sexuales y fortalece la atención a víctimas. Asimismo, el Proyecto de Ley 176, que crea el Registro Oficial de Ofensores Sexuales, fue aprobado en tercer debate y aguarda sanción presidencial.

La diputada Paulette Thomas, promotora de la iniciativa, señaló que “la sociedad tiene derecho a conocer quiénes han cometido estos delitos, para proteger a los más vulnerables”. De acuerdo con una encuesta de Vea Panamá, el 68% de los ciudadanos respalda la creación del registro.

El Ministerio Público reitera su compromiso de continuar con las investigaciones, garantizar justicia para las víctimas y reforzar las campañas de prevención. Sin embargo, el llamado más urgente sigue siendo a la sociedad: no callar, denunciar y proteger la niñez.