Escándalo ambiental en Chiriquí: desvío del río San Félix deja a miles sin agua y desata investigación

Una grave afectación al suministro de agua potable en el distrito de San Félix encendió las alarmas de las autoridades y destapó un posible caso de delito ambiental que ahora es investigado por diversas entidades del Estado.

Más de 10 mil personas resultaron perjudicadas luego de que el cauce del río San Félix fuera alterado, lo que impactó directamente la toma de captación de la planta potabilizadora que abastece a la región.

De acuerdo con autoridades locales, la situación habría sido provocada por trabajos de extracción de material pétreo presuntamente realizados sin los permisos correspondientes. Durante una inspección en el área, se detectó maquinaria pesada operando en el cauce del río, evidenciando modificaciones en su curso natural.

El alcalde del distrito, Alberto Tikas, explicó que la alerta fue emitida por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras detectar la interrupción del flujo de agua hacia la planta. “Encontramos equipos que habían cambiado el cauce mientras realizaban trabajos irregulares”, indicó.

La situación ha generado preocupación no solo por el impacto ambiental, sino por las consecuencias directas en la población, incluyendo afectaciones al suministro de agua en centros sensibles como el hospital del oriente chiricano.

Ante los hechos, funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Ministerio de Comercio e Industrias y la Policía Nacional acudieron al sitio para levantar informes técnicos que permitan esclarecer responsabilidades.

Desde MiAmbiente confirmaron que se encuentran en fase de verificación, revisando antecedentes de permisos ambientales, incluyendo un estudio de impacto ambiental aprobado en 2011, cuya vigencia está siendo evaluada.

No obstante, autoridades municipales sostienen que no existen registros recientes que autoricen este tipo de actividad en la zona, lo que refuerza las sospechas de una intervención irregular.

La preocupación también se extiende a la comunidad. Líderes locales han exigido una investigación profunda que determine tanto la legalidad de las acciones como el impacto generado en el acceso al agua potable.

En respuesta, el Consejo Municipal de San Félix aprobó una resolución en la que rechaza la extracción de material en la cuenca del río, al considerarla un área estratégica para el abastecimiento hídrico.

Mientras avanzan las investigaciones, persisten interrogantes clave sobre quién autorizó —o permitió— la intervención en un recurso vital para miles de ciudadanos.