Familia de Ángel González pide que se esclarezca si hubo más involucrados en su homicidio en David
- retenchiriqui
- hace 2 días
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A casi tres años del homicidio de Ángel Javier González Casteblanco, ocurrido el 13 de noviembre de 2023, sus familiares mantienen su reclamo de justicia y piden que las investigaciones permitan establecer si existieron otras personas vinculadas al crimen. El caso ya produjo una condena de 30 años de prisión y la Fiscalía había confirmado oficialmente que mantenía abierta una línea investigativa para determinar posibles responsabilidades adicionales.
El paso del tiempo no ha cerrado el proceso para la familia. Sus allegados sostienen que todavía quedan interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven y consideran que la condena obtenida hasta ahora representa solo una parte del esclarecimiento que esperan.
El cuerpo de González Casteblanco fue localizado el 13 de noviembre de 2023 en el sector de Loma Colorada, distrito de David. El Ministerio Público confirmó posteriormente que el protocolo de necropsia estableció como causa de muerte una herida producida por proyectil de arma de fuego.
Una condena de 30 años
Uno de los avances judiciales más importantes se produjo el 15 de octubre de 2024, cuando la jueza de Garantías Elvia Pittí validó un acuerdo de pena y dictó la sentencia condenatoria n.° 693.
Juan Elías Perén Morales fue condenado a 30 años de prisión como responsable de los delitos de homicidio y robo agravado en perjuicio de Ángel Javier González Casteblanco. También recibió una pena accesoria de cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez cumplida la sanción principal.
El Ministerio Público informó que el acuerdo fue validado después de la aceptación de los hechos imputados por parte del sentenciado.
Para los familiares, sin embargo, esa sentencia no respondió todas las preguntas alrededor del caso.
Un segundo acusado fue enviado a juicio
La investigación también alcanzó a un segundo hombre.
En diciembre de 2024, el Órgano Judicial informó oficialmente que un ciudadano de 38 años, acusado como cómplice primario por la presunta comisión de homicidio agravado y robo agravado, fue enviado a juicio oral. El tribunal admitió 87 pruebas entre testimoniales, periciales, materiales y documentales.
El Ministerio Público, por su parte, contabilizó 86 elementos probatorios y señaló que el juicio había sido programado inicialmente para el 17 de noviembre de 2025.
Aquí existe un punto que requiere cautela: en las fuentes oficiales e indexadas consultadas no encontramos una actualización suficientemente sólida que permita afirmar cuál es la situación procesal de ese juicio a agosto de 2026. Por esa razón, RetenChiriquí no presentará como vigente la fecha originalmente fijada ni anticipará su resultado.
Fiscalía confirmó que investigación permanecía abierta
Este elemento es especialmente relevante frente al reclamo actual de los familiares.
En su comunicación oficial de diciembre de 2024, la Fiscalía Regional de Chiriquí indicó expresamente que la investigación permanecía abierta para continuar realizando experticias destinadas a determinar si podían existir otras personas vinculadas al hecho penal.
La familia ya había expresado públicamente esa preocupación. En octubre de 2024 pidió que cualquier persona que tuviera información adicional acudiera ante las autoridades, al sostener que podrían existir más involucrados.
Esto permite establecer una diferencia fundamental: la posibilidad de otros involucrados sí formó parte de una investigación reconocida oficialmente, pero no equivale a que cinco personas adicionales hayan sido identificadas judicialmente como responsables.
Familia vuelve a pedir respuestas
Ahora, cuando faltan poco más de dos meses para cumplirse tres años del crimen, los familiares vuelven a colocar el caso en la atención pública.
Su petición se concentra en conocer hasta dónde avanzaron las investigaciones pendientes y si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades adicionales.
El reclamo se produce después de años de audiencias, investigaciones y una condena firme, pero con interrogantes que la familia considera todavía pendientes.
La responsabilidad de cualquier otra persona, sin embargo, deberá establecerse mediante una investigación formal y las correspondientes decisiones judiciales. Nadie puede ser considerado responsable penalmente sin que las pruebas sean sometidas al debido proceso.
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