Jueza ordena detención preventiva a representante de Arnulfo Arias en investigación por cheques vinculados a la Unachi

El caso relacionado con la presunta utilización irregular de cheques de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) avanzó este lunes con la imposición de medidas cautelares a varios investigados, entre ellos el representante del corregimiento Arnulfo Arias, Darío González, a quien se le ordenó detención provisional, pese a que la jueza de garantías declaró ilegal su aprehensión inicial.

La audiencia, celebrada en el Sistema Penal Acusatorio, forma parte de una investigación que adelanta el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales, luego de una denuncia presentada por la propia Unachi, tras una alerta emitida por el Banco Nacional de Panamá sobre la circulación de tres cheques supuestamente girados desde una cuenta de la casa de estudios superiores.

Durante la diligencia judicial, también comparecieron el tesorero de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, Raúl Pacheco; un conductor y mensajero de la junta comunal, Gustavo López; así como una excajera y una oficial de operaciones del Banco Nacional. A González y Pacheco se les impuso detención provisional, mientras que a las funcionarias bancarias se les dictaron medidas menos severas, consistentes en reportes periódicos. En tanto, al mensajero se le ordenó notificación semanal, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a la junta comunal.

De acuerdo con los elementos presentados por la Fiscalía, uno de los cheques cuestionados fue depositado en la cuenta de la Junta Comunal de Arnulfo Arias el 27 de diciembre de 2024. Ese mismo día, desde dicha cuenta se habrían girado 17 cheques por un monto individual de 2 mil dólares, y tres días después otros 12 cheques por la misma suma, lo que activó los sistemas de alerta del banco. De manera preliminar, se estima que cerca de 60 mil dólares lograron ser debitados antes de que la cuenta fuera congelada.

La Unachi explicó que los cheques investigados pertenecían a una chequera en blanco que no había sido utilizada oficialmente por la universidad, lo que refuerza la línea investigativa sobre la trazabilidad de los fondos, la dispersión del dinero y los posibles beneficiarios finales.

Aunque la jueza consideró ilegal la aprehensión de los imputados, al señalar que el Ministerio Público ya contaba con información suficiente y pudo haber utilizado otros mecanismos legales para citarlos, procedió a la imputación de cargos tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y las defensas.

La defensa del representante del corregimiento sostuvo que su cliente desconocía el origen real de los fondos y que, incluso, se habría notificado a la Contraloría General de la República sobre la irregularidad, con el compromiso de reponer el dinero al Banco Nacional. No obstante, el Ministerio Público aclaró que la investigación no se limita a una posible lesión patrimonial, sino al análisis del movimiento de los recursos y su destino final.

La audiencia fue suspendida en espera de la siguiente fase del proceso, en la que se evaluarán nuevas solicitudes dentro del marco legal correspondiente.