Juezas de Cumplimiento realizan visitas de vigilancia en centros penitenciarios de Chiriquí

Con el objetivo de supervisar las condiciones de los privados de libertad y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, tres juezas de Cumplimiento realizaron visitas de vigilancia penitenciaria en distintos centros de detención en la provincia de Chiriquí.

📍 Supervisión en centros penitenciarios

Las juezas Blanca Páez e Iris De Gracia inspeccionaron el Centro Penitenciario de Llanos de Icaco, en el distrito de David, mientras que la jueza Teresa Morales visitó el Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE), en Los Algarrobos, Dolega.

Acompañadas por un equipo multidisciplinario del Órgano Judicial, evaluaron la situación médica, clasificaciones y condiciones de los internos. Durante la visita, detectaron retrasos en la entrega de cómputos de pena, lo que llevó a un acuerdo con el Departamento de Asesoría Legal para agilizar estos trámites.

📌 Hacinamiento y problemas en atención médica

Uno de los principales hallazgos fue el hacinamiento crítico en el centro penitenciario de David, donde actualmente hay más de 2,200 reclusos en un espacio diseñado para 900 personas. Esta situación fue notificada a la Dirección General del Sistema Penitenciario, con la recomendación de crear dos Juntas Técnicas Penitenciarias para mejorar la clasificación y revisión de casos.

Además, persisten demoras en las citas médicas, aunque se constató que hay medicamentos disponibles, especialmente para enfermedades crónicas. En el área de odontología, el equipo médico sigue brindando atención básica, pero se requiere modernización de los equipos.

🛠️ Rehabilitación y resocialización

Las juezas también inspeccionaron los talleres de capacitación en ebanistería, modistería, pintura y otras disciplinas, que se realizan en coordinación con el INADEH y el Colegio Penitenciario. Estos programas buscan contribuir al proceso de reinserción social de los internos.

Esta visita forma parte de la agenda mensual de supervisión establecida por la Ley 63 de 2008, que adopta el Código Procesal Penal.