Juzgado sobresee y archiva caso por peculado agravado contra exautoridades de Quebrada de Piedra
La decisión favorece al exrepresentante Ceferino Rodríguez Pineda y al extesorero Lázaro Bonilla Montenegro. Una ampliación de auditoría incorporó documentos que acreditaron el uso de B/.43,164.65 en asistencia comunitaria.
El Juzgado de Garantías de la provincia de Chiriquí decretó el sobreseimiento a favor de Ceferino Rodríguez Pineda y Lázaro Bonilla Montenegro, exrepresentante y extesorero, respectivamente, de la Junta Comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé, dentro de una investigación por el presunto delito de peculado doloso agravado.
La resolución, fechada el 23 de septiembre de 2026, también dispone el cierre del procedimiento y el archivo de la causa relacionada con ese delito, según consta en la documentación judicial a la que tuvo acceso RetenChiriquí.
El proceso se originó a partir de una investigación sobre fondos de asistencia del Gobierno Central administrados por la Junta Comunal de Quebrada de Piedra durante el período 2019-2024.
Auditoría inicial reportó una afectación de B/.43,164.65
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la resolución, la Junta Comunal recibió B/.50,000 mediante el Programa de Asistencia Social.
Un informe de auditoría fechado el 10 de julio de 2025 estableció inicialmente una presunta incorrección en los desembolsos, debido a que no se contaba con documentación que acreditara determinadas erogaciones. En ese momento se señaló una posible afectación económica de B/.43,164.65.
Posteriormente, el 24 de julio de 2025, se formalizó la imputación de cargos contra Rodríguez Pineda y Bonilla Montenegro.
Sin embargo, el expediente tuvo un giro durante la fase de investigación.
Nueva documentación acreditó el desembolso de los fondos
Una ampliación del informe de auditoría incorporó nuevos documentos y la confirmación de beneficiarios. Según la resolución judicial, esta información permitió completar los cheques y documentos que hacían falta y acreditar el desembolso de los B/.43,164.65.
El documento señala que se verificó que esos recursos fueron utilizados para asistencia comunal.
La auditoría ampliada sí determinó que los fondos fueron empleados de una manera distinta a la finalidad presupuestaria originalmente aprobada: debían destinarse a los proyectos denominados Iniciativas Comunitarias y Sociales (2022) y Gastos de Funcionamiento (2021), pero fueron utilizados para brindar apoyo a integrantes de la comunidad.
Esta situación, de acuerdo con lo consignado en el expediente, fue considerada una falta administrativa.
Fiscalía solicitó el sobreseimiento
Tras analizar los nuevos elementos incorporados durante la investigación, la Fiscalía consideró que no existían elementos suficientes para sostener una acusación por peculado.
La resolución explica que la investigación no permitió reunir los elementos probatorios necesarios para atribuir responsabilidad penal y que la conducta investigada no se ajustaba a los elementos del tipo penal imputado.
La solicitud de sobreseimiento había sido presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 10 de agosto de 2026. Según el fallo, la representación de la Autoridad Nacional de Descentralización fue notificada y no presentó oposición dentro del término correspondiente.
Con base en estos elementos, el Juzgado concluyó que no había mérito para acusar y decretó el sobreseimiento por el delito de peculado doloso agravado.
El expediente menciona otra causa
Es importante precisar que la propia resolución señala una ruptura procesal para continuar separadamente las fases correspondientes a un presunto delito contra la fe pública, relacionado con falsificación de sellos públicos.
Por esa razón, el sobreseimiento y archivo que recoge esta decisión debe presentarse específicamente respecto del caso de peculado doloso agravado, evitando interpretar la resolución como el cierre de cualquier otro asunto penal mencionado dentro del expediente.
Asimismo, el fallo indica que las medidas cautelares previamente aplicadas se mantienen para ser decididas dentro de la causa original.
Defensa conversa con RetenChiriquí
RetenChiriquí conversó con la abogada defensora Analeida Alvarado sobre la decisión judicial y los elementos incorporados durante la investigación.
La resolución está firmada por la jueza de Garantías de Chiriquí Irina U. Gutiérrez A.
El caso pone de relieve la importancia que tuvo la ampliación de la auditoría y la documentación incorporada posteriormente, que permitió acreditar el destino de los recursos que inicialmente aparecían sin respaldo documental.
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