Mulino garantiza estabilidad laboral y operación continua tras fallo contra Panama Ports

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) no implicará improvisaciones, despidos ni interrupciones en la operación de los principales puertos del país.

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario informó que el Gobierno ya cuenta con un equipo técnico especializado para conducir de manera ordenada el proceso de transición hacia una nueva concesión portuaria que garantice mejores condiciones para Panamá.

Mulino designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta, actual asesor presidencial, como coordinador técnico del proceso, destacando que su liderazgo permitirá una transición profesional y responsable. “No habrá improvisación”, subrayó el presidente.

El jefe del Ejecutivo también envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal, al asegurar que no se producirán despidos como consecuencia del fallo judicial. En ese contexto, se informó que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se encontraba este viernes en instalaciones de Panama Ports, como parte del seguimiento institucional al proceso.

Continuidad operativa y transición

Mulino recalcó que habrá continuidad operativa, laboral y contractual mientras la sentencia no quede ejecutoriada. Durante este período, PPC, filial del consorcio hongkonés CK Hutchison, continuará administrando los puertos con normalidad.

Una vez el fallo quede en firme, el Gobierno abrirá un proceso de transición ordenada, al término del cual se adjudicará una nueva concesión mediante un mecanismo que, según el mandatario, será abierto, participativo y transparente.

El plan gubernamental contempla una coordinación interinstitucional entre la Presidencia de la República, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Trabajo (Mitradel) y el Ministerio de Seguridad (Minseg).

Reacciones internacionales

Tras la decisión judicial, China reaccionó oficialmente al fallo a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores. El portavoz Guo Jiakun afirmó que el país asiático tomará “todas las medidas necesarias” para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas, según informó la agencia estatal Xinhua.

El vocero señaló que la empresa afectada considera que la decisión de la Corte Suprema panameña contradice el marco legal bajo el cual se otorgó la concesión, y que se ha reservado el derecho de emprender acciones legales a nivel nacional e internacional.

La reacción de Beijing se produjo luego de que el pleno de la CSJ declarara, de forma unánime, la inconstitucionalidad de la Ley N.° 5 de 1997 y normas conexas, que sirvieron de base para la concesión portuaria durante casi tres décadas.