Ordenan reintegro de 18 trabajadores con fuero en Chiquita Panamá, pero empresa impide su reincorporación

Una diligencia judicial de reintegro a favor de 18 trabajadores con distintos fueros de discapacidad y enfermedades fue ejecutada este viernes 30 de enero de 2026 en las instalaciones de la empresa Chiquita Panamá, LLC, ubicadas en el puerto de Almirante, provincia de Bocas del Toro. No obstante, el procedimiento no se concretó debido a la negativa de la empresa de permitir el ingreso de las autoridades y de los trabajadores beneficiados por la orden judicial.

La diligencia fue encabezada por el Juez de Trabajo de la Quinta Sección de Bocas del Toro, Álvaro Jiménez, acompañado por funcionarios del despacho judicial y unidades de la Policía Nacional, con el objetivo de hacer efectivo el reintegro de los trabajadores despedidos durante el año 2025, en el contexto de las protestas registradas tras la promulgación de la Ley 462 de 2025, relacionada con la seguridad social.

Durante el procedimiento también participaron los trabajadores demandantes, así como representantes legales. Entre ellos, el abogado Álvaro Muñoz Guerra, de la firma MDL Muñoz & De León, Abogados, quien representa a varios de los trabajadores, y el abogado Néstor Palacios, en representación del sindicato SITRAIBANA, que actúa en defensa de otros afectados.

De acuerdo con la información suministrada durante la diligencia, la empresa Chiquita Panamá, LLC ha incurrido de manera reiterada en prácticas de evasión y obstaculización de los procesos de reintegro ordenados por los tribunales laborales, con el propósito de retrasar o eludir sus responsabilidades legales.

El representante de la empresa atendió a las partes fuera de las instalaciones, bajo el sol, sin permitir el ingreso del juez ni de los participantes. Según lo indicado, se limitó a firmar el acta correspondiente, manifestando que aceptaba el reintegro, pero sin autorizar el ingreso de los trabajadores, sin asignarles funciones ni emitir órdenes de trabajo, alegando que aguardaría instrucciones de sus superiores.

Las autoridades laborales señalaron que esta situación no es un caso aislado. En el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección en Changuinola existen actualmente alrededor de 500 expedientes de trabajadores con fuero que no han podido avanzar debido a acciones dilatorias atribuidas a la empresa. A ello se suman aproximadamente 800 expedientes pendientes en la Junta de Conciliación y Decisión, así como otros 500 casos en trámite en la Secretaría Judicial del Ministerio de Trabajo en Bocas del Toro.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la ejecución efectiva de las resoluciones laborales y la protección de los derechos de los trabajadores con fuero especial, en una provincia donde los conflictos laborales continúan acumulándose en los despachos judiciales y administrativos.