Padres del IPT Arnulfo Arias Madrid piden fin al paro docente y proponen alternativa para no afectar clases

Padres de familia del Instituto Profesional y Técnico Arnulfo Arias Madrid, en la provincia de Chiriquí, alzaron su voz este lunes para exigir a los docentes que retornen a las aulas y prioricen el derecho a la educación de los estudiantes, en medio del paro que mantiene suspendidas las clases de forma parcial.

A pesar del llamado del Club de Padres de Familia para que los estudiantes asistan, la situación sigue siendo irregular. Aunque el colegio permanece abierto, la mayoría del personal docente no se encuentra atendiendo.

“Siempre, desde el día uno, hemos mantenido las puertas abiertas. Si los estudiantes vienen, el deber del docente presente es atenderlos”, aseguró el director del plantel, quien también reconoció que la asistencia es mínima. “Usted puede observar ahora mismo que la asistencia está bien baja”, lamentó.

Según datos proporcionados por los padres, 93 de los 103 docentes del IPT Arnulfo Arias Madrid continúan en paro, lo que impide que la mayoría de los estudiantes reciban clases de forma regular.

Ante este escenario, los padres propusieron una alternativa para que los educadores puedan manifestarse sin perjudicar el desarrollo académico de los alumnos.

“Aquí hay turnos contrarios. Si el docente desea estar en su huelga, pienso que puede ir a manifestarse en el turno opuesto, así los niños no se ven afectados”, propuso una madre de familia. “Nosotros, como representantes de los niños, estaremos velando por su seguridad”, añadió.

Enfatizaron que su reclamo no implica respaldo a la controvertida Ley 462, sino que buscan una solución que permita el diálogo sin interrumpir la educación.

“No estamos a favor de esa ley, pero este paso que damos hoy es para que el presidente escuche y busque soluciones a los problemas del país. Solo él puede resolver esto”, expresó otra madre durante la manifestación.

Los padres recalcaron que continuarán exigiendo el derecho a la educación y piden a los docentes, autoridades educativas y al Gobierno que encuentren una salida que garantice el bienestar de los estudiantes.