Panamá endurece penas por difundir videos íntimos sin permiso: hasta 6 años de cárcel

Con el respaldo unánime de 51 diputados, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el artículo 3 del proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, que tipifica como delito la "Violencia Sexual Digital", y establece penas de tres a seis años de prisión para quienes difundan, produzcan o comercialicen contenido íntimo sin consentimiento.

La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley N° 61, fue impulsada por la diputada Yarelis Rodríguez, del circuito 8-2 (San Miguelito), y responde a la creciente preocupación por los casos de violencia digital que afectan principalmente a mujeres y jóvenes.

El texto legal abarca tanto contenido real como simulado, incluyendo imágenes o videos de naturaleza sexual o de desnudez, y sanciona su distribución a través de redes sociales, mensajería instantánea o cualquier medio digital.

También se agravan las penas en casos donde el agresor mantenga una relación afectiva con la víctima, actúe por codicia, odio, placer o con fines de lucro, o cuando la víctima sea una persona con discapacidad, adulta mayor o esté en estado de inconsciencia.

Además, se penaliza el uso de cuentas falsas o suplantación de identidad para obtener o difundir este tipo de contenido, así como la utilización de herramientas tecnológicas para manipular imágenes con fines de acoso o humillación.

Durante la aprobación del proyecto, la diputada Rodríguez expresó:

“A quienes han visto su intimidad violentada y su confianza traicionada a través de una pantalla, quiero decirles: las escuchamos, las creemos y estamos aquí para protegerlas”.

El proyecto incluye el nuevo artículo 166-A en el Código Penal panameño y toma como referencia legislaciones internacionales como la ‘Ley Olimpia’ en México, así como normas similares en Argentina y Estados Unidos, demostrando la voluntad del país de adoptar buenas prácticas globales en la lucha contra la ciberviolencia.

Con esta nueva legislación, Panamá busca enviar un mensaje claro: el entorno digital no será un espacio de impunidad para los agresores. La intimidad y la dignidad de las personas deben ser protegidas dentro y fuera de las pantallas.