Panamá refuerza la seguridad alimentaria y prohíbe ocho plaguicidas de alta toxicidad en la agricultura

El Gobierno Nacional dio un paso significativo en la protección de la salud pública, el ambiente y la seguridad alimentaria, tras la aprobación de una resolución que prohíbe el uso de ocho plaguicidas catalogados como altamente peligrosos en la actividad agrícola del país.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), bajo la administración del ministro Roberto Linares, como parte de una estrategia interinstitucional orientada a reducir los riesgos sanitarios y ambientales asociados al uso de sustancias químicas de alta toxicidad en la producción de alimentos.

Con esta decisión, queda prohibido el registro, importación, fabricación, formulación, reenvasado, comercialización y uso agrícola de los plaguicidas: Alaclor, Benomilo, Carbaril, Endosulfán, Formaldehído, Imazalil, Propaclor y Spirodiclofen, productos utilizados principalmente como herbicidas, fungicidas e insecticidas.

Las autoridades explicaron que la selección de estas sustancias se basó en evaluaciones técnicas realizadas por la Comisión Técnica de Plaguicidas (COTEPA), en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), alineando a Panamá con los convenios internacionales sobre seguridad química y manejo responsable de agroquímicos.

Esta nueva prohibición se suma a la lista de 12 plaguicidas de extrema peligrosidad eliminados en 2025, consolidando una política pública orientada a fortalecer la inocuidad de los alimentos y la protección de los ecosistemas agrícolas.

El MIDA anunció que intensificará las inspecciones en campo para garantizar el cumplimiento de la normativa y promoverá activamente las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) como alternativa sostenible. En ese contexto, la institución destacó la reciente certificación de 15 fincas en la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de Tierras Altas, como parte del fortalecimiento de la producción segura y trazable.

De manera complementaria, el Gobierno puso en funcionamiento el Laboratorio de Residuos de Plaguicidas, con una inversión superior a los 600 mil balboas, así como un Laboratorio de Detección Rápida en Coclé, programas de capacitación a productores y técnicos, y un manual especializado para la aplicación terrestre de plaguicidas.

Finalmente, las autoridades informaron que se avanza en la elaboración de un decreto que regulará el manejo de envases vacíos de plaguicidas, estableciendo responsabilidades directas para las empresas importadoras y distribuidoras de químicos agrícolas.