Procuraduría concluye que el Consejo Universitario no puede rechazar la renuncia de la rectora de la UNACHI
- retenchiriqui
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Procuraduría cuestiona decisión del Consejo Universitario y sostiene que la renuncia de la rectora de la UNACHI debe ser formalizada
La crisis institucional que atrav
iesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) sumó este lunes un nuevo capítulo luego de conocerse el criterio jurídico emitido por la Procuraduría de la Administración respecto a la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.
Mediante la Nota C-081-26, fechada el 1 de junio de 2026, la Procuraduría respondió una consulta elevada al Ministerio de Educación sobre la competencia legal del Consejo General Universitario para aceptar o rechazar la renuncia presentada por la máxima autoridad de la casa de estudios superiores.
Tras analizar la Ley Orgánica de la UNACHI, el Estatuto Universitario y el Reglamento Interno del Consejo General Universitario, la entidad concluyó que dicho organismo no posee facultades legales para rechazar la renuncia presentada por la rectora.
El documento sostiene que la renuncia a un cargo público constituye una decisión libre, autónoma y personal del funcionario que la presenta, por lo que su aceptación corresponde al Estado dentro de un plazo razonable, salvo las excepciones expresamente establecidas por la Constitución o la ley.
Asimismo, el criterio jurídico indica que la renuncia presentada por la profesora Etelvina Medianero de Bonagas no constituye un acto administrativo sujeto a revisión o recurso dentro de la estructura universitaria, al tratarse del ejercicio de un derecho personal e irrenunciable de todo servidor público.
Otro de los aspectos relevantes del pronunciamiento es que la Procuraduría señala que, de producirse una vacante absoluta en el cargo de rector durante los primeros cuatro años del periodo, corresponde al Tribunal Superior de Elecciones Universitario convocar nuevas elecciones en un plazo no mayor de tres meses para completar el periodo correspondiente.
La opinión jurídica se produce en medio de una creciente tensión dentro de la universidad, donde diversos sectores académicos, estudiantiles y administrativos han solicitado cambios en la dirección institucional y han expresado preocupación por la situación financiera y administrativa de la entidad.
Aunque la Procuraduría aclaró que su criterio no constituye una decisión vinculante ni un fallo definitivo sobre el caso, el documento podría tener un impacto significativo en el desarrollo de los acontecimientos y en las decisiones que adopten las autoridades universitarias y gubernamentales durante los próximos días.
La situación mantiene la atención de la comunidad universitaria y de distintos sectores de la provincia de Chiriquí, a la espera de las acciones que puedan derivarse de este nuevo pronunciamiento jurídico.
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