Productores de Tierras Altas defienden regulación del arroz y piden respeto al marco legal en Panamá

La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) emitió un pronunciamiento oficial en el que reafirma su postura frente a la posible importación de arroz en cáscara, solicitada por sectores privados, y subraya la importancia de respetar los mecanismos legales establecidos en Panamá para este tipo de decisiones.

El gremio, que representa al sector hortícola y agropecuario de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí, destacó que cualquier proceso de importación de productos considerados sensibles para la economía nacional debe seguir estrictamente los procedimientos técnicos y jurídicos vigentes.

En su comunicado, la ACPTA recordó que la Comisión de Contingentes Arancelarios es la instancia facultada para emitir recomendaciones al Órgano Ejecutivo, conforme a lo establecido en la Ley 23 de 1997. Asimismo, señalaron que la Ley 49 de 2017 regula el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias, permitiendo la importación únicamente en casos de desabastecimiento debidamente comprobado.

Los productores enfatizaron que estas medidas buscan garantizar el equilibrio entre el abastecimiento del mercado nacional y la protección de la producción local, evitando distorsiones que puedan afectar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sector.

Además, recalcaron que actualmente no se ha agotado el contingente arancelario ordinario para el rubro del arroz, por lo que, según indicaron, no correspondería activar mecanismos extraordinarios de importación bajo el marco legal vigente.

En ese sentido, hicieron un llamado a los distintos actores del sector agroalimentario a canalizar sus propuestas a través de las instancias institucionales correspondientes, promoviendo un debate técnico, transparente y apegado a la normativa.

Finalmente, la ACPTA reiteró su compromiso con la defensa del agro nacional, destacando la importancia del respeto al Estado de derecho, la seguridad jurídica y la protección del empleo rural como pilares fundamentales para el desarrollo económico del país.