Productores exigen sanciones por ingreso ilegal de arroz: “Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria del país”

El sector arrocero panameño vuelve a encender las alarmas tras la retención de más de mil sacos de arroz presuntamente introducidos de forma ilegal al país. La carga, valorada en más de cincuenta mil dólares, fue decomisada por la Autoridad Nacional de Aduanas en el puesto de control de San Isidro, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Los productos eran transportados en dos camiones articulados y, según las primeras investigaciones, habrían ingresado desde Costa Rica. Este hecho ha generado la reacción inmediata de productores y molineros, quienes advierten que el contrabando y la importación irregular afectan directamente la producción nacional y la estabilidad de la industria molinera.

Arnulfo Morales, productor de arroz, calificó la situación como preocupante, señalando que la introducción ilegal de arroz pilado al mercado genera una competencia desleal. “La industria ha reportado una disminución en las ventas y es probable que una de las causas sea el ingreso irregular de arroz extranjero”, declaró.

Omar Spiegel, presidente del Comité de Productores de Arroz de Veraguas, indicó que este problema no es nuevo y que se han identificado cargamentos sospechosos ingresando por distintas rutas, incluyendo la Zona Libre de Colón y varios puertos del país. “Se nos había informado de al menos quince contenedores de arroz pilado ingresados ilegalmente, y este decomiso confirma esas alertas”, advirtió.

Tanto los productores como la Asociación Nacional de Molineros de Panamá (ANALMO) solicitaron a la Autoridad Nacional de Aduanas presentar de inmediato una denuncia ante el Ministerio Público para que se sancione a los responsables conforme a la ley.

ANALMO reiteró que el contrabando de arroz representa una amenaza directa para la economía rural, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sector. “Es necesario reforzar los controles y evitar que este tipo de prácticas sigan afectando la cadena agroindustrial”, subrayó la organización.

En agosto, el Gobierno Nacional ya había frenado el ingreso de dos cargamentos ilegales y el presidente José Raúl Mulino firmó un decreto que reglamenta la Ley 17 de 2018, que declara al arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional. Sin embargo, los productores aseguran que el problema persiste y reclaman una fiscalización más rigurosa en las fronteras y puertos del país.

A la crisis del contrabando se suma la saturación del mercado local por las recientes importaciones y los efectos del cambio climático, factores que, según los gremios, mantienen a más del 80 % de los productores en riesgo de pérdidas económicas.