Recomendaciones de ministros abren una ruta para un nuevo acuerdo con First Quantum

El futuro de Cobre Panamá entró este miércoles 30 de septiembre en una nueva etapa. El presidente José Raúl Mulino recibió el informe final de la Comisión Interministerial que durante los últimos meses evaluó las dimensiones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El documento plantea evaluar una nueva relación con Cobre Panamá y First Quantum Minerals, incluyendo conversaciones destinadas a resolver los arbitrajes pendientes y establecer las condiciones de una eventual puesta en marcha que permita financiar un cierre ordenado del proyecto, sin costo para el Estado panameño. Sin embargo, el Gobierno enfatizó que las recomendaciones no constituyen todavía una decisión de reapertura ni un nuevo contrato.

La comisión estuvo integrada por los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente. Los tres analizaron los resultados de la auditoría integral y otros componentes económicos, ambientales, jurídicos y sociales relacionados con el futuro del proyecto.

Un posible acuerdo bajo nuevas condiciones

Uno de los puntos de mayor trascendencia es que las recomendaciones colocan sobre la mesa la posibilidad de negociar un nuevo entendimiento con First Quantum, pero bajo parámetros distintos a los instrumentos anteriores.

El planteamiento conocido contempla que cualquier eventual esquema produzca para Panamá beneficios sustancialmente superiores, sin establecer todavía porcentajes o montos definitivos, y que permita solucionar los arbitrajes existentes.

El objetivo central planteado por la comisión es alcanzar un cierre ordenado, cuyo financiamiento provenga de la propia operación o activos del proyecto y no del Presupuesto General del Estado. La eventual actividad tendría, bajo ese planteamiento, un propósito vinculado al proceso de cierre y no representaría una autorización indefinida de explotación.

Mulino estableció, además, seis criterios que calificó como no negociables para cualquier decisión futura: respeto íntegro a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia; rectoría del Estado y titularidad de la Nación sobre el yacimiento; ausencia de costo fiscal para los panameños; transparencia verificable; prioridad para las personas y comunidades afectadas; y supervisión independiente bajo estándares internacionales.

El fallo de 2023 permanece como punto de partida

El mandatario recordó que el 27 de noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Mulino sostuvo que ese fallo será respetado y no está sujeto a discusión dentro del proceso actual.

La interrogante que permanece, según explicó, es qué hacer con una infraestructura minera que continúa físicamente en territorio panameño y que incluye tajos abiertos, instalaciones para el manejo de relaves, una planta eléctrica y un puerto.

La comisión propone precisamente establecer una ruta para gestionar esa realidad y llegar eventualmente al cierre del complejo bajo condiciones técnicas, ambientales y financieras definidas.

El impacto económico entra en la discusión

Durante la presentación también se expusieron cifras sobre los efectos económicos y laborales asociados con la paralización.

Según los datos presentados por la comisión y citados por el presidente, unas 1,500 empresas panameñas perdieron un mercado relacionado con la actividad minera, y tres de cada cuatro correspondían a micro, pequeñas y medianas empresas.

También se mencionaron más de 6,000 empleos directos y 30,000 indirectos, además de una estimación de aproximadamente 144,000 personas afectadas en sus fuentes de subsistencia.

Mulino puso especial énfasis en las comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, señalando que las poblaciones directamente afectadas deberán ocupar un lugar prioritario en cualquier determinación futura.

No hay una decisión tomada

Este punto resulta clave: el informe entregado este miércoles no autoriza por sí mismo la reapertura de Cobre Panamá.

El presidente anunció que analizará el documento junto con su Gabinete y sus asesores jurídicos antes de adoptar una determinación.

La comisión tampoco estableció una fecha para una eventual puesta en marcha. El planteamiento conocido es que, de alcanzarse un acuerdo, la operación necesaria para financiar y ejecutar el cierre estaría sometida a condiciones específicas y el proceso completo podría extenderse durante décadas.

Mulino también aseguró que la determinación final será anunciada directamente por él y con los fundamentos correspondientes.

El informe será público, permitiendo que ciudadanos, universidades, organizaciones y medios de comunicación examinen las recomendaciones.

First Quantum, nuevamente en el centro de la discusión

La entrega del documento cambia el escenario existente desde la crisis minera de 2023 porque formaliza una ruta gubernamental que contempla conversaciones con First Quantum Minerals para encontrar una solución al futuro del proyecto.

La compañía ha manifestado previamente que mantiene disposición para dialogar con el Gobierno panameño en busca de una solución para Cobre Panamá.

Ahora la decisión queda en manos del Ejecutivo.

Por el momento existe una recomendación técnica y política para explorar un nuevo entendimiento, pero no un acuerdo firmado, una fecha definitiva para retomar operaciones ni una autorización final.

La eventual negociación deberá enfrentar simultáneamente las dimensiones constitucional, ambiental, económica y social que convirtieron el futuro de Cobre Panamá en uno de los asuntos públicos más complejos del país.