UNACHI busca respaldo de Iglesia, empresarios y sociedad civil para enfrentar su crisis financiera
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) amplió la búsqueda de una salida a su compleja situación presupuestaria al incorporar a representantes de la Iglesia Católica, empresa privada y sociedad civil a las mesas de trabajo que procuran establecer acuerdos con el Gobierno Nacional.
El encuentro fue convocado como parte de la Mesa de Manejo de Crisis instalada por la administración del rector Absel Navarro, en momentos en que la universidad enfrenta problemas de liquidez, compromisos financieros acumulados y retrasos en el pago de salarios a docentes y administrativos.
Según información suministrada por la institución, participaron la presidenta de APEDE Capítulo de Chiriquí, Gisela Socarrás; el obispo de la Diócesis de David, monseñor Luis Enrique Saldaña; el síndico de la UNACHI, Camilo Brenes; y Felipe Venicio Rodríguez, del Movimiento Todo Chiriquí, además de representantes de clubes cívicos y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo es establecer canales que faciliten el diálogo con el Órgano Ejecutivo y permitan encontrar alternativas para recuperar la sostenibilidad financiera de la universidad.
UNACHI presenta diagnóstico de sus finanzas
Durante la reunión, Navarro, acompañado por integrantes de la comisión y personal de la Dirección de Planificación, presentó a los invitados un diagnóstico sobre la situación económica de la institución.
De acuerdo con la versión proporcionada por la UNACHI, el arrastre presupuestario se sitúa entre B/.30 millones y B/.33 millones.
El escenario coincide con cifras expuestas públicamente durante los últimos días. Navarro señaló durante la sustentación presupuestaria ante la Asamblea Nacional que la universidad requiere aproximadamente B/.30 millones para cubrir la planilla hasta finalizar 2026. Posteriormente se informó de una necesidad de B/.28.1 millones para atender planillas y otros compromisos adquiridos durante lo que resta del año.
Estas cifras no necesariamente representan conceptos idénticos, por lo que deberán diferenciarse a medida que avance el proceso técnico de revisión de las finanzas universitarias.
Preparan reestructuración y contención del gasto
La administración universitaria presentó además un plan de reestructuración administrativa e institucional que contempla medidas para contener el gasto y recuperar progresivamente la sostenibilidad financiera.
Entre las acciones que Navarro ha planteado públicamente se encuentran la creación de un comité de saneamiento financiero, auditorías a la planilla, revisión de cargos y plazas laborales y eliminación de procesos o funciones duplicadas dentro de la estructura administrativa.
La nueva administración sostiene que las correcciones resultan necesarias para garantizar tres prioridades inmediatas: pagar al personal, mantener funcionando la institución y proteger la continuidad académica.
El problema financiero ya ha limitado la capacidad de la nueva rectoría para efectuar nombramientos y movimientos administrativos. Navarro declaró esta semana ante la Comisión de Presupuesto que recibió una institución prácticamente paralizada, con partidas sin disponibilidad para determinadas acciones de personal.
Más de 2,000 trabajadores afectados por atraso salarial
La crisis tiene además una consecuencia inmediata sobre docentes y administrativos.
Este viernes 11 de septiembre, trabajadores acumulaban 17 días de atraso en el pago correspondiente a la segunda quincena de agosto, una situación que afecta a más de 2,000 colaboradores de la institución.
El escenario adquiere mayor complejidad porque la universidad debe enfrentar también sus siguientes obligaciones salariales.
Navarro ha advertido que su prioridad es evitar que la falta de recursos termine provocando un cierre administrativo o afectando la enseñanza de los más de 22,000 estudiantes que atiende la institución.
Sociedad civil se incorpora a las comisiones
Uno de los principales resultados de la nueva reunión fue el acuerdo para que los representantes invitados se incorporen formalmente a las comisiones técnicas y de negociación establecidas por la universidad, según informó la UNACHI.
La intención es que estos sectores acompañen las gestiones de acercamiento con el Ejecutivo y particularmente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La incorporación de actores externos introduce un componente adicional al proceso: buscar que la solución no quede limitada a una negociación entre la administración universitaria y el Gobierno, sino que tenga acompañamiento de sectores representativos de Chiriquí.
La UNACHI sostiene que su funcionamiento tiene un impacto que trasciende el campus central de David por su papel en la educación superior y en la formación profesional de estudiantes del occidente panameño.
La solución dependerá también del Gobierno
Pese al respaldo expresado durante la reunión, la incorporación de estos sectores no significa que la crisis financiera esté resuelta ni que los recursos necesarios hayan sido aprobados.
La universidad continúa dependiendo de las gestiones con el MEF, la Contraloría y otras instituciones para encontrar mecanismos que permitan atender las obligaciones pendientes.
Para 2027, la UNACHI había solicitado un presupuesto de B/.118.8 millones, mientras que el MEF recomendó aproximadamente B/.80.7 millones, una diferencia de alrededor de B/.38.1 millones.
La nueva administración enfrenta así dos desafíos simultáneos: resolver la falta de liquidez inmediata y reestructurar las finanzas de la universidad para evitar que el problema vuelva a repetirse.
El respaldo anunciado por representantes empresariales, religiosos y de la sociedad civil abre ahora una nueva etapa de interlocución, pero el punto decisivo seguirá siendo alcanzar un acuerdo financiero sostenible con las autoridades nacionales.
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