ANTAI pone bajo presión a la UNACHI: recomienda destituir a otros 12 funcionarios en plena transición
- retenchiriqui
- hace 1 día
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La nueva administración que encabezará Absel Navarro recibirá uno de sus primeros desafíos antes incluso de asumir formalmente la Rectoría: resolver las recomendaciones emitidas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) recomendó la destitución de 12 servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), como resultado de nuevas actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas éticas aplicables a la función pública.
La decisión llega en un momento particularmente sensible para la universidad estatal chiricana: la institución se encuentra en pleno proceso de transición hacia la administración del rector electo Absel Navarro, quien asumirá el cargo el próximo 31 de agosto.
¿Quiénes aparecen en la resolución?
De acuerdo con la información divulgada sobre la resolución, la recomendación alcanza a Daisy Quiroz, Belkis Malarett Quiroz Suira, José Alvarado, Jorge Bonilla Jaramillo, Olivia Candanedo Monge, Rosa Moreno Arauz, Guillermo Sánchez, Deysi Reyes Martínez, Sergio Moscoso Reyes, Jonathan Ramos Méndez, Rodrigo Serrano Sánchez y Margarita Martínez Castillo.
Entre las personas señaladas figuran funcionarios vinculados a distintas áreas administrativas y académicas de la universidad.
La resolución señala posibles incumplimientos relacionados con principios de probidad, prudencia, justicia, responsabilidad, transparencia y legalidad, además de disposiciones vinculadas con nepotismo.
Es importante precisar que la decisión de la ANTAI constituye una recomendación administrativa. En los casos de quienes también mantienen la condición de profesores titulares, la medida planteada se refiere a los cargos administrativos y no implica automáticamente la pérdida de esa condición académica.
No todos los investigados recibieron una recomendación de destitución
La resolución también establece diferencias entre los expedientes analizados.
En el caso de Alexandra Serrano Méndez, la ANTAI declaró sustracción de materia debido a que dejó de laborar en la universidad y perdió la condición de servidora pública que sustentaba el procedimiento administrativo.
Mientras tanto, la investigación determinó que no se acreditaron faltas contra Glenda Valdés Sánchez, Arielys Correa Valdés, Jorge Luis Atencio Guerra, Arelys Jacqueline Atencio Lara, Rosa Arauz Otero, Eddie Gaitán Martínez y Rosa Nely Méndez Calvo.
Los señalados todavía pueden presentar recursos
La recomendación tampoco representa el cierre inmediato del procedimiento.
Las partes fueron notificadas sobre los mecanismos legales disponibles y cuentan con la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación oficial.
Por ello, cualquier decisión definitiva deberá respetar el debido proceso y los recursos que puedan interponer los funcionarios afectados.
Una nueva administración que recibe un expediente complejo
La resolución llega prácticamente sobre la línea de cambio de mando.
Las autoridades universitarias fueron notificadas el lunes 24 de agosto. El actual rector interino, Pedro González Beerman, culminará su gestión el 30 de agosto y Navarro asumirá un día después.
El rector electo ha señalado que esperará que culminen los procedimientos correspondientes antes de tomar decisiones, actuando conforme a la legislación y respetando la institucionalidad universitaria.
El asunto coloca así sobre la mesa uno de los primeros desafíos de la nueva Rectoría: determinar cómo proceder frente a las recomendaciones de la autoridad de transparencia mientras la UNACHI intenta abrir una nueva etapa administrativa.
ANTAI ya había actuado anteriormente en la universidad
Este no es el primer expediente de esta naturaleza.
En febrero, la propia ANTAI informó oficialmente que, como resultado de investigaciones relacionadas con prácticas de nepotismo, había recomendado la destitución de 15 servidores públicos, además de imponer sanciones económicas equivalentes al 50% del salario mensual a 12 funcionarios y del 10% a otras dos servidoras públicas. En aquel momento también confirmó que mantenía alrededor de 40 investigaciones adicionales relacionadas con personal de la UNACHI.
La nueva resolución mantiene, por tanto, a la principal universidad pública de Chiriquí en el centro del debate sobre transparencia, administración de recursos públicos, conflictos de interés y cumplimiento de las normas éticas del Estado.
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