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Autoridades investigan supuesto vertedero con desechos hospitalarios en Guabito, Bocas del Toro

  • retenchiriqui
  • 9 oct
  • 2 Min. de lectura

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) investiga la existencia de un posible vertedero clandestino con desechos hospitalarios en el sector de Guabito, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales que generó preocupación por un posible riesgo de contaminación ambiental.

De acuerdo con la denuncia, en el terreno —presuntamente de uso privado— se estarían enterrando residuos hospitalarios sin el tratamiento adecuado ni las condiciones técnicas necesarias para su manejo.

Personal técnico del Ministerio de Ambiente acudió al sitio para realizar una inspección de campo, con el fin de verificar si existe afectación ambiental o incumplimiento de normas relacionadas con el manejo de desechos peligrosos.

El propietario del terreno, Domingo Morrinson, negó las acusaciones y sostuvo que la operación cuenta con los permisos correspondientes emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

“Desde el año 2015 gestionamos y renovamos nuestros permisos para la recolección de desechos peligrosos en la provincia de Bocas del Toro. Desmiento que se trate de un vertedero ilegal; contamos con la documentación vigente del Minsa que avala nuestra labor”, declaró Morrinson.

Por su parte, Arelis de Coote, directora regional de MiAmbiente en Bocas del Toro, informó que ya se inició un proceso de verificación técnica.

“Identificamos el sitio y estamos realizando el recorrido de inspección. Posteriormente elaboraremos un informe técnico con los resultados de la visita”, explicó la funcionaria.

De Coote advirtió que, en caso de confirmarse alguna irregularidad, se aplicarán los procesos administrativos y sancionatorios correspondientes, tal como establece la legislación ambiental panameña.

El Ministerio de Ambiente reiteró su compromiso con la protección del entorno natural y la salud pública, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo el equilibrio ambiental de las comunidades.

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