Detención de Genaro López desata denuncias de persecución política por parte del Suntracs
- retenchiriqui
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En medio del paro nacional de trabajadores de la construcción, que este jueves cumple 26 días, la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) denuncia una supuesta persecución política en su contra, tras una serie de detenciones y acciones legales que involucran a varios de sus principales líderes.
Uno de los casos que ha generado mayor atención es el del dirigente Genaro López, quien se presentó voluntariamente la tarde del miércoles ante la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada en Pueblo Nuevo para conocer el proceso judicial en su contra. Sin embargo, tras su comparecencia fue trasladado bajo custodia a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.
“No tengo nada que ocultar, soy inocente. Esto es una persecución política”, expresó López al llegar esposado a la sede de la DIJ.
Además de López, otros dos dirigentes del sindicato enfrentan situaciones similares. Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, se encuentra refugiado en la Embajada de Bolivia en Panamá, donde solicitó protección tras declarar que teme por su integridad y libertad. Por su parte, Jaime Caballero, también dirigente del sindicato, permanece detenido en el centro penitenciario La Joya, acusado de presuntos delitos de blanqueo de capitales, entre otros.
La directiva nacional del Suntracs, acompañada de su equipo legal, ofreció una conferencia de prensa en la que calificaron estas acciones como una ofensiva judicial con motivaciones políticas, en el contexto de un conflicto laboral de escala nacional.
Según los abogados defensores, López acudió voluntariamente a la fiscalía con el fin de aclarar su situación jurídica, pero fue aprehendido sin orden de conducción previa. Agregaron que será llevado ante el Sistema Penal Acusatorio, donde se le imputarán cargos por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la fe pública. El proceso legal, explican, inició en 2022 y consta de un expediente de nueve tomos que, aseguran, carece de sustento sólido.
Este conflicto ocurre paralelamente a la decisión del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) de cancelar la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L., alegando presuntas violaciones a normas financieras y de prevención del lavado de dinero.
Según el IPACOOP, una auditoría realizada desde 2022 identificó al menos 14 irregularidades financieras y 10 incumplimientos normativos, lo que también dio paso a allanamientos en oficinas del sindicato en Chiriquí, San Miguelito y Avenida Perú.
La situación ha generado reacciones divididas en el país, entre quienes consideran que se trata de una acción judicial legítima y quienes advierten un posible uso político del sistema penal en medio de un prolongado conflicto sindical.
