Dirigencia Ngöbe denuncia represión y violaciones de derechos humanos en medio de protestas contra Ley 462

La dirigencia indígena de la Comarca Ngöbe Buglé denunció públicamente la represión, persecución e intimidación que aseguran estar sufriendo las comunidades originarias por parte de los estamentos de seguridad del Estado, en el marco de las protestas contra la Ley 462 y en defensa de la soberanía nacional.

A través de un comunicado oficial, los líderes comarcales señalaron que la represión ha alcanzado niveles alarmantes, con operativos violentos en comunidades como Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado. De acuerdo con las denuncias, se han registrado allanamientos arbitrarios, detenciones agresivas y el uso de gases lacrimógenos en hogares habitados por niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

“Esto es una dictadura. El gobierno está abusando con su cuerpo de seguridad represora, sacando a nuestros dirigentes de sus casas a punta de golpes, lanzando gases lacrimógenos sin importar quién esté dentro. Están violando todos nuestros derechos humanos”, manifestó la dirigencia, visiblemente consternada.

Los líderes señalaron que efectivos armados recorren las comunidades casa por casa, intimidando a la población con armas de grueso calibre. También denunciaron la detención de líderes indígenas sin orden judicial ni justificación legal.

La dirigencia Ngöbe instó al cese inmediato de estas “actuaciones dictatoriales”, que consideran una amenaza a la democracia y a la paz social. Hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos para que intervengan y vigilen los acontecimientos que, aseguran, ponen en riesgo la vida y dignidad de su pueblo.

“Responsabilizamos directamente al presidente José Raúl Mulino de todo lo que pueda ocurrir. Su arrogancia y tozudez tienen empantanado este país y están llevando al límite a miles de panameños que solo exigen justicia y respeto por su territorio”, afirmaron los dirigentes.

Mientras tanto, las manifestaciones continúan en diversos puntos del país, encabezadas por grupos indígenas que rechazan firmemente la Ley 462 por considerarla una amenaza a la soberanía, al ambiente y al futuro de las nuevas generaciones.