Gobierno pone freno al 7% para compras y servicios digitales tras reacción de los panameños

Felipe Chapman confirmó que la iniciativa no será presentada, por ahora, ante la Asamblea Nacional. El proyecto buscaba extender la aplicación del ITBMS a determinadas operaciones realizadas mediante plataformas digitales.

PANAMÁ. — La propuesta que buscaba extender la aplicación del 7% de ITBMS a determinadas compras y servicios contratados mediante plataformas digitales quedó en pausa, luego de la reacción generada entre consumidores y otros sectores del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que el Ejecutivo no tiene previsto presentar la iniciativa ante la Asamblea Nacional en el corto plazo y aseguró que el Gobierno está evaluando las opiniones expresadas por los ciudadanos.

“Este proyecto de ley no se ha presentado a la Asamblea Nacional. Hemos escuchado a los panameños, lo estamos analizando. En este momento no se va a presentar, no hay planes de presentarlo a corto plazo”, manifestó Chapman el lunes 24 de agosto.

La decisión representa un cambio respecto al camino que había comenzado a recorrer la iniciativa.

El Consejo de Gabinete aprobó el 18 de agosto el proyecto de ley 30-26 para enviarlo a consideración de la Asamblea Nacional. La propuesta contemplaba modificaciones al Código Fiscal para actualizar el tratamiento tributario de determinadas operaciones de la economía digital.

Sin embargo, el documento finalmente no fue presentado ante el Legislativo y permanecerá, al menos por ahora, bajo análisis.

¿Era realmente un impuesto nuevo?

Este es uno de los puntos que generó mayor debate.

Según la explicación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, la iniciativa no creaba una nueva tasa ni aumentaba el ITBMS existente, sino que pretendía extender la aplicación del 7% a determinadas operaciones y servicios digitales prestados desde el exterior que actualmente no reciben el mismo tratamiento tributario que comercios establecidos en Panamá.

El MEF argumentó que el objetivo era establecer condiciones tributarias equivalentes entre actores nacionales y plataformas extranjeras.

Para el consumidor, sin embargo, la discusión se centró en un aspecto mucho más inmediato: el eventual aumento del costo final de compras y servicios digitales que actualmente no incluyen ese cobro.

Entre las plataformas mencionadas durante el debate público aparecen servicios de streaming, compras en línea, alojamiento y otras modalidades de economía digital. Reportes periodísticos han citado ejemplos como Amazon, Temu, Airbnb y Netflix, aunque el alcance definitivo habría dependido del texto que finalmente llegara a aprobarse.

Gobierno dice que escuchó las críticas

Chapman explicó que dedicó parte del fin de semana a revisar las opiniones generadas alrededor de la propuesta y reconoció que el Ejecutivo debe ponderar esas posiciones frente a la necesidad de combatir la evasión fiscal y aumentar los ingresos del Estado.

El ministro dejó abierta, por tanto, la discusión sobre qué alternativas podría utilizar el Gobierno para fortalecer la recaudación.

La declaración es relevante porque no significa que el proyecto haya sido retirado definitivamente ni que la discusión tributaria haya terminado. Lo confirmado hasta ahora es que no será presentado a la Asamblea Nacional en el corto plazo.

La propuesta podía aportar unos $100 millones

El componente fiscal también estaba detrás de la iniciativa.

El Gobierno vinculó la modernización del régimen tributario digital con la necesidad de compensar ingresos asociados a modificaciones planteadas al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), particularmente para determinadas viviendas nuevas de hasta B/.120,000.

Estimaciones divulgadas durante la discusión situaban en alrededor de $100 millones anuales el potencial de recaudación asociado al comercio digital.

Debate no está cerrado

Por ahora, los consumidores que esperaban conocer cuándo comenzaría el eventual cobro del 7% tendrán que esperar.

La iniciativa no llegará próximamente a la Asamblea Nacional, según Chapman, mientras el Gobierno continúa evaluando las opiniones recibidas y las opciones disponibles para reducir la evasión y mejorar la recaudación.

El episodio también deja una señal política: la reacción ciudadana alrededor de una medida con impacto directo sobre el consumo digital consiguió que el Ejecutivo reconsiderara, al menos temporalmente, su calendario.