Imputan a exdiputada y a alcalde de la Comarca Ngäbe Buglé por presunto peculado; juez impone restricciones

Investigan presuntas irregularidades en uso de bien estatal; exdiputada y alcalde enfrentan proceso judicial

La justicia panameña dio un nuevo paso en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de bienes del Estado, luego de que una jueza de garantías imputara cargos a una exdiputada y a un alcalde de la Comarca Ngäbe Buglé por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.

La audiencia se desarrolló este martes 9 de junio en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Chiriquí, donde la jueza de garantías Ana González admitió la formulación de cargos presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la exdiputada Crescencia Prado García y el alcalde del distrito de Muná, Fermín Jiménez.

Como parte de la decisión judicial, el tribunal impuso medidas cautelares personales que restringen a ambos imputados asistir a determinadas reuniones, ingresar a ciertos lugares y mantener comunicación, por cualquier medio, con testigos vinculados a la investigación.

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público, la causa penal se originó tras un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se detectaron presuntas anomalías relacionadas con el uso de un vehículo propiedad del Estado durante el período comprendido entre 2009 y 2014.

Según las investigaciones preliminares, los hechos bajo análisis se remontan a la época en que Fermín Jiménez ejercía funciones como representante del corregimiento de Sitio Prado.

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que las medidas cautelares eran necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal y evitar posibles afectaciones a las pruebas o a los testimonios que forman parte de la investigación.

Por su parte, la defensa de los imputados participó del acto judicial conforme a los procedimientos establecidos por la legislación panameña.

El Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de este caso, mientras los imputados mantienen vigente el principio constitucional de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme.

Este proceso forma parte de las acciones que adelantan las autoridades para investigar posibles afectaciones al patrimonio público y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos estatales.