Ordenan arresto domiciliario a José Gabriel Carrizo tras imputación por enriquecimiento injustificado

Una jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) ordenó la detención domiciliaria y el impedimento de salida del país contra el exvicepresidente de la República y excandidato presidencial, José Gabriel Carrizo, luego de imputarle cargos por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este miércoles en Plaza Ágora, donde la jueza Oris Medina también legalizó la aprehensión del exfuncionario, quien fue detenido previamente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su llegada al país procedente de Guatemala.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la medida cautelar responde a la gravedad del delito investigado y a la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro para la comunidad, según la valoración judicial. No obstante, tanto el Ministerio Público como la defensa anunciaron recursos de apelación contra la decisión adoptada.

La audiencia de apelación quedó programada para el jueves 12 de febrero, a las 8:30 a.m., en la Sala 3 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Contexto del proceso

La investigación penal tiene su origen en un informe emitido por la Contraloría General de la República, que en octubre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de hasta 1.3 millones de dólares, dentro de un proceso administrativo por presunto enriquecimiento injustificado.

Posteriormente, la Contraloría elevó la denuncia ante el Ministerio Público, señalando un presunto incremento patrimonial no justificado por 1.9 millones de dólares. La resolución incluyó el secuestro de cuentas en varias entidades bancarias, así como vehículos y otros activos, y advirtió que la medida podría extenderse a bienes adicionales que se determinen vinculados al exvicepresidente.

Postura de la defensa

Durante la audiencia, la defensa técnica de Carrizo presentó una advertencia de inconstitucionalidad, solicitando que se determine la competencia del proceso, argumentando que, tras haber sido vicepresidente, Carrizo tendría derecho a asumir como diputado del Parlamento Centroamericano, lo que —según su posición— modificaría la jurisdicción del caso.

El abogado defensor sostuvo que el supuesto enriquecimiento no existe y cuestionó la temporalidad del expediente presentado por la Fiscalía. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene la investigación en curso.

Las autoridades reiteraron que el proceso continúa en etapa inicial y que se actuará conforme a lo establecido en la ley.