Panamá enfrenta el desafío de la trata de menores: 59 denuncias en los últimos cinco años

La trata de personas continúa siendo una amenaza latente en el país, y lo más preocupante es que cada vez más menores de edad son víctimas de este delito.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público (MP), entre 2020 y julio de 2025 se han registrado 59 denuncias relacionadas con delitos contra la identidad y tráfico de menores. De estas, 33 corresponden a sustracción de menores con fines de tráfico, 16 a alteración de identidad, seis a tráfico de menores y dos a tráfico agravado, reportados en 2022 y 2025.

Solo en lo que va del año ya se han contabilizado seis denuncias por sustracción de menores.

En el operativo más reciente, cinco víctimas fueron rescatadas en la ciudad de Panamá y tres personas, de nacionalidad colombiana, resultaron detenidas. La red delictiva ofrecía falsos empleos como modelos de ropa interior, pero las jóvenes eran engañadas y luego explotadas sexualmente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que cuatro de cada diez víctimas de trata en el mundo son menores de edad, y advierte que la cifra real podría ser mucho mayor. Además, alerta sobre la capacidad de estas redes para adaptarse a nuevas tecnologías, incluyendo el uso de inteligencia artificial para evadir a las autoridades.

Para hacer frente a este flagelo, Panamá aprobó en 2024 la Ley 458, que refuerza la Ley 79 de 2011 sobre la trata de personas y el Código Penal. Esta normativa busca dar mayores herramientas al sistema judicial y a las instituciones de seguridad para combatir la explotación sexual y laboral.

Entre 2019 y 2024, el país logró rescatar 97 víctimas de trata, muchas de ellas sometidas a explotación en diferentes modalidades.

La defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Lucy Córdoba, destacó que es vital que familias y comunidades aprendan a identificar señales de alerta. “Estamos hablando de delitos que afectan directamente a los más vulnerables: los niños. La prevención es clave”, afirmó.

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia y en reforzar la vigilancia comunitaria para reducir los riesgos que enfrentan los menores.