Tribunal mantiene condena de 12 años de prisión contra abogada por fraude con finca de adultos mayores en Bugaba
La defensa intentó anular la sentencia, pero el Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la pena por estafa agravada y falsificación de documentos. El caso se originó en 2019, en la comunidad de Bongo, provincia de Chiriquí.
BUGABA, CHIRIQUÍ | 17 DE OCTUBRE DE 2026. — Una abogada condenada por delitos relacionados con la apropiación fraudulenta de una finca perteneciente a personas adultas mayores deberá cumplir una pena de 12 años de prisión, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones decidiera mantener la sentencia dictada en su contra.
La resolución judicial se produjo después de que la defensa solicitara la anulación del fallo emitido durante el juicio por los delitos de estafa agravada y falsificación de documentos.
Tras examinar los argumentos de las partes, los magistrados rechazaron la pretensión de anulación y confirmaron la condena.
El proceso fue impulsado por la Fiscalía Regional de Chiriquí, que investigó los hechos relacionados con un terreno ubicado en la comunidad de Bongo, distrito de Bugaba.
Un caso que comenzó en 2019
La investigación se remonta a hechos ocurridos en 2019, cuando la hoy condenada se habría valido de maniobras engañosas y documentación falsificada para obtener una finca perteneciente a personas adultas mayores.
Según los antecedentes del proceso, las actuaciones investigadas afectaron los derechos patrimoniales de los propietarios del inmueble.
Las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público permitieron llevar el caso ante los tribunales, donde se evaluaron los elementos probatorios relacionados con los delitos imputados.
Como resultado del juicio, la abogada fue declarada culpable y recibió una condena de 12 años de prisión.
La defensa solicitó anular la sentencia
Luego de conocerse el fallo condenatorio, la representación legal de la abogada presentó un recurso para solicitar su anulación.
El Tribunal Superior de Apelaciones examinó los planteamientos de la defensa y las posiciones expuestas durante el procedimiento.
Después de esa evaluación, los magistrados resolvieron mantener la decisión del tribunal de juicio.
Con ello, la condena de 12 años de prisión quedó confirmada en esta instancia.
La información disponible no detalla los argumentos específicos utilizados por la defensa ni el contenido íntegro de la resolución judicial.
Cinco años sin poder ejercer la abogacía
Además de la pena de prisión, la sentencia establece una sanción accesoria de cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión de abogada.
De acuerdo con lo informado, esta medida deberá cumplirse una vez finalizada la pena principal.
Esto significa que la sanción no se limita a la privación de libertad, sino que también contempla una restricción posterior al ejercicio profesional.
La decisión responde a la responsabilidad penal determinada por el tribunal en relación con los hechos investigados.
Protección del patrimonio de las personas adultas mayores
El caso pone de relieve la importancia de la seguridad jurídica en las transacciones de bienes inmuebles, particularmente cuando están involucradas personas adultas mayores.
Los delitos de estafa y falsificación documental pueden afectar de manera significativa el patrimonio de las víctimas, especialmente cuando se utilizan mecanismos engañosos para obtener derechos sobre propiedades.
Ante operaciones de compraventa, traspaso o administración de fincas, resulta fundamental verificar la autenticidad de los documentos, comprender el alcance de los actos legales y contar con asesoramiento independiente cuando sea necesario.
Fiscalía de Chiriquí llevó el proceso
La investigación y sustentación del caso estuvieron a cargo de la Fiscalía Regional de Chiriquí, adscrita a la Procuraduría General de la Nación.
La confirmación de la sentencia representa un resultado judicial relevante en un proceso vinculado con la protección del patrimonio de personas adultas mayores.
Hasta el momento, la información divulgada no incluye el nombre de la condenada ni el valor económico de la finca.
RetenChiriquí continuará atento a cualquier información oficial adicional relacionada con la resolución y el cumplimiento de la condena.
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