¿Y la orden de cárcel? Magallón Romero sigue libre pese a condena por desaparición del padre Gallego

A pesar de que un juez ordenó su ingreso inmediato a prisión, el exteniente Eugenio Nelson Magallón Romero, condenado por su participación en la desaparición forzada del sacerdote Jesús Héctor Gallego Herrera, aún no ha sido trasladado a un centro penitenciario.

La orden fue emitida por el juez de Cumplimiento de Veraguas, Carlos Guevara, a través del Auto No. 1640-25, tras una audiencia celebrada el 15 de mayo. En esta sesión judicial se rechazó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa del exmilitar de 94 años.

El juez Guevara fue categórico: “No cabe sustitución de pena cuando se trata de delitos de lesa humanidad o desaparición forzada”, citando el artículo 108 del Código Penal panameño. En consecuencia, ratificó que la condena de 15 años de prisión impuesta por un jurado de conciencia en 1994 debe cumplirse en un centro penitenciario, y no en el domicilio del sentenciado.

Magallón Romero fue capturado recientemente en la provincia de Chiriquí, luego de permanecer prófugo por más de dos décadas. La aprehensión se logró mediante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Sin embargo, pese a la detención y a la orden judicial, el exmilitar aún no ha sido trasladado a la cárcel pública de Llanos de Icaco en David, centro designado por las autoridades.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Moisés Tuñón, mientras que la abogada Iris Kuruc, del Instituto de la Defensa Pública, asumió la defensa del condenado. Esta intentó argumentar la prescripción de la pena, basándose en los antiguos códigos penales de 1922 y 1982, pero el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial reafirmó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

El caso de Magallón Romero está directamente vinculado con la desaparición del sacerdote colombiano Héctor Gallego, ocurrida el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, Veraguas. Gallego, defensor de los derechos de los campesinos y crítico del poder de los terratenientes locales, fue víctima del régimen militar panameño.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante la falta de cumplimiento de la orden judicial. Consideran que la ejecución de la sentencia es un acto de justicia y reparación simbólica para las víctimas del régimen.

Por su parte, Edilma Gallego, hermana del sacerdote desaparecido, hizo un llamado público al exmilitar:“Ya es hora de que diga la verdad. Que confiese qué pasó realmente con mi hermano y dónde está su cuerpo. Merecemos saberlo, y él también necesita enfrentar su conciencia”.

Las palabras de Edilma reavivan una herida abierta desde hace más de cinco décadas. La sociedad aún clama por verdad, justicia y reparación.